¿CUAL FUE EL VERDADERO ROL DE LA ARGENTINA EN EL PLAN CONDOR?

En las últimas semanas salió a la luz, una vez más, el “Plan Cóndor”, por el cual se procedió a volver a citar en la justicia a los viejos represores de la época. Pero muy pocas personas saben cómo y por que se planificó esta operación, quienes fueron sus ideólogos y ejecutores, y cuales fueron las verdaderas causas por las que EE UU tomó la decisión de intervenir.

Es curioso como, todavía hoy, se sigue llamando a declarar a los viejos Generales y altos Oficiales de las FF AA de la última dictadura por el tristemente célebre “Plan “Cóndor”, como si ellos hubiesen sido quienes hubiesen pergeñado semejante operación continental en contra del terrorismo marxista que se vivía en esa época, financiado y promocionado por Cuba.

Es curioso, por que en el pensamiento colectivo de los argentinos, se cree que fueron nuestros militares los ideólogos del plan, y aquí el primer error, ya que la “idea” fue acuñada en Chile en 1975, cuando en nuestro país existía un gobierno democrático.

El jefe de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) habría sido invitado en 1975 al cuartel General de la CIA en Langley Virginia, una extensa visita que se prolongó 15 días.

La versión apareció por primera vez en septiembre del año 2000 en una publicación izquierdista que para esos años de la revisión se constituyó con el nombre de “Mundo Socialista” cuando se empezó a mencionar la existencia de una supuesta y macabra “corporación sudamericana para la represión”. [http://www.wsws.org/articles/2000/sep2000/chil-s27.shtml], Siguiendo dicha conjetura, tras su estadía, el general Contreras apa-rece como “creador” de la Operación Cóndor.

Según la versión «… periodistas estadounidenses investigaron a la “multinacional del crimen” desde su época de mayor actividad —entre 1976 y 1980— indicando que, si bien su modelo tiene similitudes con la represión ejecutada en Vietnam y otras regiones asiáticas, fue concebida tras la revolución cubana de 1959. Su bautismo tuvo lugar en 1960, “durante la primera Conferencia de Ejércitos Americanos en Fuerte Amador (Panamá) como parte de la Guerra Fría, pero se puso en funcionamiento con la irrupción de las dictaduras sudamericanas”.»

En el libro “Juicio a Hernry Kissinger” del británico Cristopher Hitchens se relata: “La Operación Cóndor era un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión.” Siguiendo con la novela histórica de Hitchens “…Contreras invitó a los jefes de la inteligencia paraguaya Guanes, Pastor y el general Francisco Brites a asistir a una reunión estrictamente secreta en Santiago junto con los jefes de inteligencia de otros países, entre ellos, Argentina, Bolivia y Uruguay. Chile pagaría los gastos de los asistentes a este "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional", que ocurrió entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre de 1975… Los temas básicos de la reunión fueron la cooperación de los servicios de los distintos países, y acordar que los miembros de la Operación Cóndor iban a ser identificados de manera numérica, por ejemplo, «Cóndor uno», «Cóndor dos». Chile —en realidad el propio Contreras— eran "Cóndor uno".”

Pero las investigaciones históricas realizadas desinteresadamente en Argentina han podido determinar las especiales características marginales con que, en nuestro país, se desarrolló la denominada Operación Cóndor, que más precisamente fue llevada a cabo en varios países sudamericanos a partir de la asunción del Secretario de Estado, Dr Hernry Kissinger quien se desempeñó como tal durante los últimos años de la presidencia de Richard Nixon y el período completo de Gerald Ford. Todas las versiones apuntan a que fue pergeñada y planificada por el famoso premio Nóbel de la Paz, en coordinación con la CIA, como una forma de contrarrestar la influencia de Cuba en los movimientos insurgentes sudamericanos.

Tanto es así, que los procedimientos subrepticios de la Inteligencia exterior norteamericana fueron desplegados como actividades regulares en este tipo de guerra contra el terrorismo de los tardíos años 70 y durante la década de 1980, hasta el advenimiento del presidente Gerald Ford, que desautorizó la continuidad de las operaciones.

La Operación Cóndor, mientras duró, fue un exitoso plan de asesinatos que ahora está regresando —un cuarto de siglo después— para perseguir en la vejez a sus ejecutores. Los crímenes que se cometieron en Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos para capturar y eliminar a los enemigos de los dictadores militares del Cono Sur, se han transformado en catalizadores de los procesos judiciales que reflejan la arena tricontinental en que tuvo lugar la actividad del Cóndor.

Cóndor fue definido por John Dinges (en su obra “Los Años Cóndor”) como el “grandioso plan” de Pinochet —como fue descrito por uno de los oficiales de inteligencia invitados a unirse a él— para vencer al comunismo mundial. ¿Cómo llegó la más ambiciosa —algunos dirían las más exitosa— apuesta geopolítica del ex dictador?

Pero tal vez el error es generalizar el modus operandi de Pinochet con, al menos, cuatro países más donde ahora hay ancianos detenidos y procesados equiparando su accionar contra los “derechos humanos” en torno a las actividades internacionales de la Operación Cóndor. Éste era el paradigma de Pinochet: su “grandioso plan” de Pinochet -como fue descrito por uno de los oficiales de inteligencia invitados a unirse a él- para vencer al comunismo mundial. ¿Cómo llegó la más ambiciosa —algunos dirían las más exitosa— apuesta geopolítica del ex dictador a los implacables procesos que estaban arruinándole su vejez?

Cuando el juez Baltasar Garzón pidió la extradición del general Pinochet desde Londres para enfrentar un juicio en España, eligió los crímenes del Cóndor para fundamentar la petición: la captura del líder del MIR, Edgardo Enríquez, en Argentina en abril de 1976 y su consecuente traslado secreto hacia Chile. A las pocas semanas, cortes de Roma y París abrieron investigaciones judiciales centradas en otros casos del Cóndor que involucraban la captura de uruguayos y chilenos en Argentina. A medida que en años recientes esos juicios avanzaron, un proceso Cóndor aun más elaborado fue iniciado en Argentina.

El juez investigador Rodofo Canicoba Corral eligió los casos de 72 víctimas —chilenos, argentinos, bolivianos, paraguayos y uruguayos— que fueron capturados por fuerzas de seguridad fuera de sus propios países.

Su proceso nombra como acusados a una larga lista de altas personalidades militares, incluyendo a Pinochet, al dictador argentino Jorge Rafael Videla, el paraguayo Alfredo Stroessner y el boliviano Hugo Banzer (estos dos últimos ya fallecidos).

Las solicitudes de extradición para todos estos casos hacen que estos líderes y más de 200 otros oficiales militares nombrados como acusados o testigos materiales, sean incapaces de viajar fuera de sus países por temor a ser arrestados por Interpol. Otra ironía, ya que la Operación Cóndor fue explícitamente diseñada para imitar (con métodos ilegales) la cooperación internacional de las fuerzas policiales que caracteriza a Interpol.

Finalmente, el 2002 el juez Juan Guzmán inició su investigación “2182-98 Operación Cóndor”, que condujo al desafuero de Pinochet. Ese caso también se centró en la captura y asesinato de Edgardo Enríquez y en una serie de detenciones de Cóndor en Argentina y Chile, quizá la operación más compleja y que llevó a la desaparición de 16 personas y la extorsión de otros por decenas de miles de dólares.

Una cosa es innegable sobre la Operación Cóndor: en términos de su objetivo declarado —eliminar a los enemigos del gobierno militar— fue un éxito. Entre las más famosas de sus operaciones estuvieron el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington; del general Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires y el atentado al ex Vicepresidente Bernardo Leighton en Roma. Así, Cóndor, como una alianza formal de seis países, fue establecida en 1975 bajo la inspiración de Chile como un nuevo modelo organizacional para la persecución internacional de enemigos.

Menos conocidas son las exitosas operaciones de Cóndor contra la clandestina Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), encabezada por el jefe del MIR Edgardo Enríquez desde Argentina, y aquella contra la red financiera del Partido Comunista chileno. Estas dos operaciones, que están en el centro de la investigación del juez Guzmán, forman parte también de las investigaciones española, francesa y argentina.

Edgardo Enríquez, hermano del fundador del MIR, Miguel Enríquez, y su sucesor como cabeza del movimiento, había establecido secretamente su base de operaciones en Buenos Aires en mayo de 1975. El arresto en Paraguay, el mismo mes, del operador del MIR Jorge Fuentes y de un camarada argentino, fue el comienzo de la cooperación formal de las fuerzas de seguridad de Chile, Paraguay y Argentina. Los arrestos paraguayos entregaron información conducente a una serie de operaciones en Argentina, en las cuales los líderes más importantes del MIR fueron eliminados uno a uno, culminando con la captura de Enríquez en abril de 1976, cuando dejaba una casa de seguridad en Buenos Aires.

Como vemos la Operación Cóndor fue creciendo —a instancias de Chile— como alianza militar a partir de estos esfuerzos coordinados para derribar a los hombres operativos del MIR y sus aliados en otras organizaciones revolucionarias. Cóndor fue formalmente establecido en un encuentro de oficiales de inteligencia en Santiago hacia fines de noviembre de 1975 y fue una creación de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y más tarde, de alguna manera, Brasil. Sin embargo esto excluye la responsabilidad de la “dictadura” argentina, ya que la reunión fue celebrada en pleno gobierno constitucional argentino, que entonces encabezaba María Estela Martínez de Perón, en una de las épocas más virulentas de los ataques terroristas contra nuestro país.

En los meses de mayo a octubre de 1976 las coordinadas operaciones de seguridad se intensificaron, y se expandieron para incluir oficiales uruguayos y bolivianos. Los “éxitos” fueron impresionantes. La lista de líderes internacionales capturados o que cayeron combatiendo incluye al segundo de Enríquez en el mando, Patricio Biedma; dos jóvenes oficiales de seguridad de la embajada cubana en Argentina; el ex Presidente de Bolivia, general Juan José Torres; el máximo líder del ERP Mario Roberto Santucho; y un alto líder de los Tupamaros uruguayos, William Whitelaw.

Todos estaban vinculados directa o indirectamente con la Junta de Coordinación Revolucionaria, organización que nucleaba en un esfuerzo conjunto a todas los núcleos subversivos en Sudamérica, a quienes hacía frente la “comunidad e Inteligencia” de los países agredidos por los atentados terroristas, que cada día cobraban más vidas inocentes.

No perdamos de vista que durante el Gobierno de Héctor Cámpora, el que abrió las prisiones a todos los presos políticos juzgados y condenados por alzarse contra el Estado, muchos movimientos subversivos de los países limítrofes encontraron en Argentina un refugio seguro para continuar sus operaciones desde la impunidad del gobierno que los acogía como huéspedes: LA Junta de Coordinación revolucionaria, como se dijo, estableció oficialmente sus bases en Argentina poco tiempo después del Golpe en Chile en septiembre de 1973. Bien financiada con millones de dólares provenientes de secuestros en Argentina, tenía fábricas de armamento y redes de militantes en preparación para una planeada ofensiva multinacional contra las dictaduras.

Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado.

El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos.

Unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos. Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados.

Pero, a medida que se fue expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 muertos o desaparecidos y 400.000 encarcelados. No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los estados ilegales.

La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976. Acorralada en ese año, la Junta Coordinador transnacional revolucionaria dejó de operar en Argentina y ya no volvió a ser una amenaza para los gobiernos militares.

Quienes no pudieron huir fueron tomados prisioneros en Argentina. Bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos y cubanos fueron recluidos en un edificio conocido como Automotores Orletti, que antes era un enorme taller mecánico en el barrio Floresta. Orletti era un centro de detención secreta efectivamente vinculado a las actividades de Cóndor. Ahí los prisioneros internacionales eran interrogados por oficiales de sus propios países. Después de su procesamiento como tales eran trasladados para ser repatriados.

Sin embargo se denunció que algunos de los cuerpos (incluyendo los de los dos cubanos) fueron encontrados en el puerto en tambores parcialmente llenos de cemento fraguado. Docenas de uruguayos de otro grupo revolucionario, Partido Para la Victoria, también fueron apresados en Argentina e interrogados en Orletti.

En noviembre de 1976, un comando operativo de 15 chilenos y uruguayos fue enviado a Europa a otra supuesta compleja misión atribuida a Cóndor: matar al líder de de la JCR René “Gato” Valenzuela en París. De acuerdo a documentos de la CIA obtenidos por el autor, la misión también tenía como objetivo el asesinato del famoso líder terrorista Ilich Ramírez Sánchez, (a) “El Chacal”, blanco de Cóndor desde que se descubrió la vinculación del famoso “Carlos” con las operaciones de terrorismo en Sudamérica, en mayo de 1975. La operación europea fue descubierta por el servicio de inteligencia francés y la filtración arruinó la misión. La inteligencia francesa confrontó a los servicios secretos sudamericanos diciéndoles que sabía acerca del plan, lo que implicó la cancelación de la misión. Irónicamente, la misma CIA los había vendido.

Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, los oficiales de Pinochet fueron extraordinariamente meticulosos en destruir indiscriminadamente documentos en Chile (sólo unos pocos documentos que mencionaban a Cóndor sobrevivieron a la limpieza en el Ministerio de Relaciones Exteriores). Pero en los países aliados la historia fue otra.

Docenas de documentos que describían las características de Cóndor y de télex que probaban la coordinación internacional para destruir a sus enemigos fueron encontrados en Paraguay y guardados en el llamado “Archivo del Terror” bajo el auspicio de la Corte Suprema. Los militares argentinos depuraron la mayoría de los archivos operacionales que podrían haber probado su responsabilidad en crímenes masivos, pero fueron descuidados en la limpieza de lo que aludía a Chile. Una corte argentina guarda varios miles de páginas de comunicaciones secretas entre el hombre de Cóndor en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, y sus jefes de la DINA en Santiago.

Esos documentos (descubiertos en la Corte Federal Argentina por Mónica González) entregan un mapa de ruta del desarrollo de Cóndor en muchas de sus operaciones más importantes, especialmente cuando se examinan junto a otras fuentes. Cóndor también atrajo la atención especial de la CIA y el FBI.

La evidencia del protagonismo directo de Pinochet es sólida en el caso de Cóndor. Primero, el establecimiento una alianza militar internacional involucrando a seis países de América Latina sólo pudo permitirse con la aprobación explícita de ese jefe de Estado, Pinochet. Operaciones de más bajo nivel pueden quizás explicarse como “abusos aislados” o, como dice Pinochet en su entrevista a un canal de televisión de Miami, porque “en la lucha política hay gente que no se controla”. Pero no una alianza internacional aprobada en una reunión de alto nivel en Santiago, financiada por Chile y quizás con la presencia personal de Pinochet.

La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se mostraron muy receptivas, y de hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente defensiva, pero con consecuencias nefastas.

El almirante César Augusto Guzzetti, Ministro de Relaciones Exteriores argentino, manifestó desembozadamente esta perspectiva en una entrevista de 1976: “No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla”.

El general Osiris G.Villegas -uno de los primeros y quizás el más riguroso de todos los teóricos argentinos de la guerra contrainsurgente- reconoce que la "Doctrina de Seguridad Nacional" (DSN), que inspiró a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contrarrevolucionaria, a pesar de su denominación, no es de origen nacional: "Cabe acotar —señala Villegas— que la susodicha doctrina y metodología operacional, inserta en nuestros reglamentos militares, no es inventativa [sic] o producto genuino de los estados mayores argentinos, sino adaptación de la doctrina, métodos y procedimientos puestos en práctica por los ejércitos occidentales que tuvieron que enfrentar el conflicto bélico subversivo, especialmente Francia. Incluso revistaron en nuestra Escuela Superior de Guerra, durante varios años, jefes franceses veteranos de la guerra de Indochina y de Argelia -como asesores militares sobre la materia."

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder.

Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con su predecesor, el general Juan Torres.

Justamente Bolivia tuvo fundamental importancia, sobre todo para suministrar tanto a Chile como a Argentina información sobre el movimiento de lo que entonces se llamaba “subversivos” argentinos y chilenos dentro del territorio boliviano.

Si bien el ex gobernante militar y civil de Bolivia, Hugo Bánzer, ha negado sistemáticamente la existencia del Plan Cóndor, el gobierno militar boliviano garantizó que en caso de ser detenidos, estos “subversivos” serían entregados, como sucedió en algunos casos, a los gobiernos de esos países.

De «El Diario», de La Paz, reproducido en «Resumen de la actualidad argentina» se extrae la siguiente información, de donde surge un caso emblemático de impunidad: “La Paz, 15 de enero de 1982.- Jefes militares de Bolivia y Argentina afirmaron en La Paz que proseguirán luchando unidos contra el extremismo internacional, al tiempo que enunciaban críticas al proceso democrático que vivió Bolivia en 1979 y a los «guerrilleros de salón», entre los que se mencionó a los editorialistas. Los planteamientos fueron formulados durante la condecoración a tres oficiales de la Misión Militar argentina que prestaron asesoramiento al Ejército boliviano en la base de Cochabamba. Se trata de los tenientes coroneles Julio César Durand, Roberto Felipe Domínguez, Benjamín Cristoroforetti y Osvaldo Guarnaccia.

Durand manifestó que «hoy como ayer, un puñado de soldados argentinos, integrando el Ejército boliviano, lucha por preservar la libertad que ambos países obtuvieron en los albores de la liberación americana». Luego hizo un balance histórico de esa tarea y reveló que «no hace muchos meses, en el proceso político boliviano, en el que siglas, frentes, etc., pugnaron por alcanzar el poder político, se debatieron intereses internacionales, directamente en convivencia con la delincuencia ideológica».

Esos jefes son graduados de la Escuela del Ejército de las Américas (US Army School of the Americas -USARSA), ubicada en Fort Gulick, zona del canal, donde cursaron sus estudios 600 militares argentinos.

De éstos últimos, 58 militares tenían como plan de estudios, en el período 1970-1975, determinados cursos escogidos: en ellos egresaron once especialistas “operaciones de contrainsurgencia”, siete en “contrainsurgencia urbana”, trece en “operaciones en el monte”, cinco como “oficial sin mando en inteligencia militar” y seis en “interrogatorio militar”.

Los instructores argentinos actuaron en la REGION MILITAR Nro 4 (Dependientes del Cuartel General de Sucre), cuya jurisdicción abarca los departamentos de Cochabamba, el Norte de Chuquisaca y el Oeste de La Paz. En esa región están emplazados la Escuela de Comando y Estado Mayor MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ REDES, el Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE) y el CIOS II Centro de Instrucción en Operaciones de Selva (específicamente en Chipiriri-Chaparé), durante la presidencia del Ge-neral Hugo Bánzer Suárez. Eran egresados de la Escuela de las Américas, ahora llamado el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/ WHINSEC por sus siglas en inglés) fue establecida en Panamá en 1946.

Al dejar de operar en Cochabamba, el Teniente Coronel Domínguez, en su carácter de especialista en guerra antisubversiva, se hizo cargo del Regimiento de Infantería de Monte 28, situado en Tartagal (Salta), donde hoy en día está bajo proceso por la desaparición de un simpatizante de la insurgencia, el escribano Meliton Bustos —vecino de la ciudad— de quien ordenó su “desaparición” apenas se hizo del mando de aquella unidad, probablemente cebado por la impunidad con que se movía en Bolivia.

El caso está tramitando actualmente ante el Juzgado Federal Nº 2 de Salta, Secretaría de Derechos Humanos, sin que hasta el momento el veterano represor fuera molestado. ¿Su defensa? No se consideró responsable ante el magistrado por los «hechos delictivos» que pudieran haber cometido sus Oficiales. Como conclusión, hay varias personas (entonces Oficiales Subalternos sin responsabilidad directa, ni posibilidad alguna de oponerse a las órdenes superiores) que están privadas de su libertad por las declaraciones del Jefe desleal, mientras que el mismo hoy es general y está presidiendo —nada más ni nada menos— que el Círculo Militar de Buenos Aires, Santa Fe 750, donde este anciano de mirada torva se rehúsa sistemáticamente a conceder entrevistas.

No es un detalle menor que el General Alfredo Manuel Arrillaga —justamente vicepresidente del Círculo Militar— acaba de ser encarcelado, durante los últimos meses, imputado de la desaparición —el 13 de julio de 1977— de una decena y media de abogados especialistas en derechos humanos y laboralistas cuando, siendo también Teniente Coronel, Jefe de Inteligencia del Grupo de Artillería Antiaérea de Mar del Plata, se dedicó sistemáticamente a perseguir como enemigos públicos a los letrados que presentaban hábeas corpus a favor de los guerrilleros detenidos por el Ejército.

El caso salió a la luz luego de la denuncia de un —hasta hoy aterrado— sobreviviente, el Dr. Carlos Aurelio Bozzi. Arrillaga fue, además, quien comandó las fuerzas de represión en el copamiento del regimiento de La Tablada en 1989 y también fue denunciado por haber ordenado fusilar sumariamente a tres prisioneros del grupo «Movimiento Todos por la Patria» que —absolutamente indefensos por haberse rendido— cayeron en su poder.

Pero no es el último de los criminales aún impunes que deambulan por el citado Círculo Militar: el Coronel Góriz está imputado de haber asesinado a su propio asistente, el Soldado Conscripto Jorge Emilio Papetti, sin que haya sido molestado por la Justicia hasta el momento. Papetti había ingresado el 20 de abril de 1976 como soldado conscripto al Regimiento Caballería de Tiradores Blindados 6, en Concordia. El 16 de marzo de 1977 —casi ya de baja y ascendido a dragoneante por su conducta ejemplar— fue detenido dentro del regimiento mientras estaba de guardia. Algunos de sus compañeros oyeron sus gritos de protesta cuando se lo llevaban y alertaron a las padres de lo sucedido.

Al día siguiente el padre del dragoneante se entrevistó con el teniente coronel Naldo Miguel Dasso, que era jefe de la unidad, en presencia del segundo jefe, mayor Osvaldo Antonio Larocca. Dasso explicó que Papetti, sospechoso de extremismo, había sido trasladado “a disposición del P.E.N. por órdenes superiores” pero que a la altura de Villaguay se había fugado después de haber obtenido permiso para ir al baño en una estación de servicio. El padre presentó el caso ante el juez de Instrucción de Concordia, Oscar Satalia Méndez, donde todas las sospechas recayeron sobre el entonces Capitán Góriz, que simuló el intento de fuga para asesinar al muchacho.

Luego de declarada la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay produjo la reapertura de la causa [Nº 55.045], y resulta hasta indignante que un asesino cebado como el Coronel Góriz deambule libremente por la sociedad.

Según vamos viendo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a las guerrillas. Estaban implicados en una especie de guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, según la doctrina en la cual estaban entrenados sus ejércitos. En consecuencia todos los opositores a esa política, enfermeras, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos como hostiles.

Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en la represión de la subversión del modo como se ejecutó. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. Se rumorea que también la CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos.

Si bien esto es negado hasta hoy por los Estados Unidos, este país hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo electrónico de tortura a brasileños, argentinos y uruguayos, entrenando a muchísimos oficiales latinoamericanos tanto en la Escuela de las Américas como en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas.

El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y hasta desaparecido, sin ninguna autorización judicial.

Recién la administración Carter se opuso a la postura de la CIA “anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile”, dijo el presidente electo apenas asumió. Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse a sí mismas.

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: “Están los muertos, los heridos, los encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay”. Viola estaba equivocado. Explicaciones existieron, y de sobra. Kissinger está citado como uno de los altos personajes de la administración norteamericana que promovían y financiaban a la red de inteligencia militar de las dictaduras latinoamericanas.

Pero para los jóvenes oficiales argentinos de todas las fuerzas, la defección de sus jefes decididamente los desengañó.

¿Acaso no había sido por la eficaz acción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que se había salvado la patria de semejante tipo de agresión novedosa mediante la cual se pretendía imperativamente sumergir al país en el ejido del marxismo? Ese ciclo histórico no tenía nada que ocultar, al contrario. Era un honor para ellos el combate en defensa de sus valores. Constituía un hecho de armas del cual había que enorgullecerse.

Los disciplinados militares, gendarmes y policías del hemisferio occidental —en plena guerra fría— se colocaban, cumpliendo órdenes de sus respectivos presi-dentes, en sintonía con la doctrina vigente en los Estados Unidos, conocida como de la Seguridad Nacional.

Esta tesitura, reveladora de un pensamiento profundo extendido y persistente, fue sin embargo sacada de circulación inmediatamente por los actuales regíme-nes progresistas.

A diferencia de los partidos políticos, las Fuerzas Armadas no tenían por qué sentirse culpables por ninguna razón. En realidad “son un atributo esencial de la nación”, la última reserva en la defensa del “ser nacional”. Al menos así lo decían los reglamentos militares en esa época. “La misión del Ejército es salvaguardar los más altos intereses de la Nación”, rezaba la introducción al código básico del Ejército Argentino, el RV 200-10 “Servicio Interno”, disposición que tardíamente se apresuró a derogar de cuajo el Teniente General MARTIN ANTONIO BALZA cuando fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército, previo a pedir “perdón por los excesos” en nombre de todas las instituciones armadas que habían vencido en la guerra contra la subversión.

La actitud del General Balza provocó la perplejidad de todos sus hombres, ya que en esa concepción los militares se venían formando tradicionalmente. Balza no hizo distinción alguna entre —aislados y contados— actos individuales delictivos, que eventualmente pudieron haberse producido durante las operaciones militares, y actos de combate, equiparándolos desacertadamente. Todo quedó “en la misma bolsa”.

Desde mediados de los años sesenta ésta había significado una ruptura profun-da con las concepciones militares anteriores a la guerra fría, las que tendían a formar ciudadanos como Oficiales de carrera, que —como ya se explicó— se entrenaban en cursos de especialización que impartía el Comando Sur de los Estados Unidos en la desacreditada “Escuela de las Américas”, en la doctrina de la defensa continental en los conflictos de baja intensidad que generaba —para esos días— el enemigo comunista en el “patio trasero” de América, en el contexto de la guerra que enfrentaba a dos hemisferios: Oriente y Occidente.

Obviamente, las fuerzas legales: los jóvenes Oficiales que engrosaban las filas de las instituciones que los entrenaban en defensa de su país, no integraban una “asociación ilícita” ni mucho menos una “multinacional del crimen”, como parece estar de moda caracterizarlos. Se limitaban a cumplir con lo establecido en los reglamentos militares vigentes y a obedecer a sus superiores en todo lo que significara el decurso de las operaciones militares, no convencionales en esta guerra de agresión externa, desencadenada trágicamente sobre la Patria décadas antes del famoso “proceso” militar, y con muchas víctimas inocentes entre sus pares, que eran “ejecutadas” por el solo hecho de estar enrolados en las filas de las FFAA o, aún, por sus menesteres docentes en la formación Católica filosófica.

A nadie se le hubiera ocurrido desobedecer órdenes legítimas impartidas en base a decretos constitucionales inobjetablemente emanados de un gobierno civil.

Siendo así, pretender someter al juicio de los magistrados civiles, absolutamente legos en operaciones militares —y que dependen del Poder Judicial— la actuación de un “atributo esencial de la nación” sería un imposible no solo jurídico, sino simbólico y filosófico.

Como conflicto novedoso, la guerra antisubversiva tenía sus particularidades que la caracterizaban: Las grandes potencias estaban en posesión de un contundente arsenal nuclear que amenazaba con el exterminio de la Humanidad, por lo que era difícil su utilización sin desintegrarse entre sí, por lo que se descartaba la posibilidad de un enfrentamiento convencional. En ese orden, los países en pugna infiltraban guerrillas, tanto prooccidentales en las naciones satélites soviéticas, como insurgentes comunistas en los países subdesarrollados bajo la influencia occidental.

Jamás reconocida por parte de las autoridades de los Estados Unidos, la exis-tencia de un Plan Cóndor —si es que existió— se atribuyó como concepción ideológica al Dr. Henry Kissinger —premio Nóbel de la Paz— el único que podría estar al tanto del curso y de las operaciones antiterroristas que se desarrollaban con su coordinación, bajo la denominación de “conflictos de baja intensidad”, vale decir: los enfrentamientos contra la insurgencia marxista que se alentaba y propiciaba desde La Habana y Moscú en el marco de la “guerra fría”.

Pero, como ha quedado demostrado, ella se hizo presente en Argentina mucho antes que Kissinger asumiera como Secretario de Estado norteamericano y con anterioridad a la inauguración del “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica”.

Los entonces considerados “subversivos”, dejaron de serlo definitivamente cuando cayó el muro de Berlín, se consumó la “Perestroika” y se disolvió la URSS, culminando la etapa conocida como tal.

Cambió la doctrina militar desde entonces, en los Estados Unidos, avanzando hacia una nueva era tendiente a la globalización a partir de las operaciones Jus-ta Causa (Panamá), Furia Urgente (Grenada), Escudo del Desierto, Tormenta del Desierto (Golfo Pérsico), Restaurar la Esperanza (Somalía) …hasta las ma-jestuosas operaciones militares fallidas durante la “guerra contra el terrorismo global”. Eran las épocas en que Francis Fukuyama editaba “El fin de las Gue-rras”. Se iniciaba la globalización y los EEUU olvidaron a sus aliados en la guerra por el sostenimiento de su patio trasero durante la guerra fría.

Pero si la guerra antiterrorista en Argentina se obtuvo la victoria, e innegable que se libró aberrantemente mal.

Muy poca gente está informada que el Teniente Coronel Auditor Carlos Horacio Cerdá era nada menos que Asesor Jurídico del Ministro del Interior del proceso, General de Albano Harguindeguy.

Este dicharachero militar era un individuo que aberrante que cobardemente exaltaba en público las virtudes de la tortura durante el “interrogatorio táctico” de los detenidos. Mientras eso ocurría —en el pórtico lateral del ministerio del Interior— el Doctor Cerdá salía del vestíbulo de la Casa Rosada con rostro compungido y paternal, a embaucar a los familiares de presuntos guerrilleros que concurrían a averiguar tanto el paradero de los extremistas capturados, así como el de sus nietos y sus bienes, suplicando por las vidas de sus seres queridos... Numerosas filmaciones en los archivos periodísticos que acreditan, justamente, la oportunidad de esos embustes.

Justamente el consejero de Harguindeguy, el Teniente Coronel Auditor Carlos Horacio Cerdá tuvo intervención indirecta en la maniobra de las “desapariciones” mediante su consejo antijurídico y desacertado, que terminó comprometiendo penalmente a todos sus Comandantes asesorados, gran parte de los cuales —para eludir las consecuencias de sus acciones u omisiones— terminaron culpando a sus subalternos, que nada sabían del “plan cóndor” ya que se limitaban a ejercer la defensa de la Patria, en la cual estaban adoctrinados.

Intrascendente y gris, este abogado fue ascendiendo tranquilamente durante el primer gobierno democrático, haciendo amistado con Raúl Ricardo Alfonsín, amigo personal y ex compañero del Liceo “General San Martín” del General Harguindeguy.

El letrado llegó a alcanzar la jerarquía de general y ocupar la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, incorporándose el General de Justicia Cerdá, poco después —pero muy oportunamente— al capítulo argentino del DICA (Derecho Internacional Humanitario de los Conflictos Armados.

Esta eminencia gris relegó en forma conveniente el pasado y continúa “infiltrado” en el Ejército Argentino, como General “convocado” (Artículo 62 de la Ley de Personal Militar) asesorando al Jefe del Estado Mayor, Teniente General Roberto Fernando Bendini. Además preside la Comisión del Servicio de Justicia Militar…habiendo sido la eminencia gris de la dictadura, a pesar de no haber participado nunca en combate. Sólo fue el genio intelectual que —protegido detrás de su escritorio— en modo alguno se manchó las manos de sangre, aunque pergeñó la mentira de las “desapariciones”. Este personaje ya ostentaba el grado de General de Justicia cuando los presos políticos de hoy eran simples Oficiales Subalternos que cumplían las órdenes de sus Comandantes, asesorados por maquiavélico “doctor”, que les apuntalaba con un barniz de legalidad, en su carácter de Auditor General de las FFAA.

Más resulta claro que el error de la forma en que se libró la guerra contra el terrorismo fue no tener la adecuada transparencia. Ello así, la defensa pública de lo actuado durante la guerra antisubversiva ha cedido ante la vergüenza de muchos militares, que intuían la naturaleza impresentable de su accionar.

Desde entonces ya no se volvieron a oír las declaraciones de “no hay nada que ocultar”.

Si bien prevalece la doctrina del rol salvador de las FFAA, de la autonomía y de la inaccesibilidad de la justicia a los actos de los militares durante las así llamadas “dictaduras” sudamericanas, es innegable que se han cometido aberraciones que no debieron jamás ocurrir.